Ya habíamos publicado en un post anterior los hechos de corrupción que se vienen presentando en el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, en esta entrega nos concentraremos, a propósito de los hechos de La Planta, en el gran negocio que representa una requisa para los funcionarios de este Ministerio encargados de este tipo de trabajo. Los funcionarios encargados de este tipo de trabajo son los integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), este grupo especializado en realizar requisas a fin de extraer de los penales objetos de tenencia prohibida no es de reciente creación, el mismo fue creado en el año 2005 con el nombre de Equipo de Reacción Inmediata de Custodia (ERIC), con la creación del nuevo ministerio este grupo cambia su nombre y está adscrito a la Dirección General de Seguridad y Custodia, cuyo titular es Wilmer Apóstol. Ahora bien este grupo solo cambio de nombre, ya que, sus integrantes siguen siendo los mismos funcionarios y algunos más que han sido de nuevo ingreso, pero quienes los dirigen siguen siendo los mismos, son muchos los negocios que se manejan detrás de este grupo, desde su creación este grupo especializado han realizado numerosas requisas, donde se han encontrado armas y drogas, pero resulta bastante interesante que no se ha encontrado nunca dinero en efectivo, solo en los hechos del Rodeo del año 2011 se reporto dinero incautado y esa requisa fue realizada por la Guardia Nacional. Entendamos lo siguiente, los grupos de liderazgo manejan bóvedas o caletas dentro de las instalaciones donde guardan armas, drogas, munición y dinero en efectivo, ya que los pagos semanales de lo que ellos llaman causa es en efectivo, asimismo es necesario tener efectivo para poder comprar armas y lograr pasar materiales prohibidos, es así que este grupo de requisas cuando consiguen un caleta de dinero nunca es reportada dicho botín es repartido en un pequeño porcentaje a los funcionarios de base que descubren la bóveda y la gran parte se la dividen entre los coordinadores del GRIC Néstor Apóstol Ramírez, Juan Carlos Sanoja y el Director de Seguridad y Custodia Wilmer Apóstol. Además de las caletas de dinero si hay una cantidad considerable de armas y drogas negocian con los pranes a fin de que estos paguen para no reportar las armas de alto calibre y dejar parte de la droga, además de negociar con estos líderes no ser trasladados, igualmente estos funcionarios en algunas oportunidades a cambio de fuertes sumas de dinero negocian el requisar a fondo un área que no esté controlada por el pran que paga a fin de dejarlos desarmados y expuestos y así el líder que ha pagado poder tomar esta área, tal como sucedió en el mes de Abril en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), en Mérida, donde después de dos semanas de enfrentamiento y un resultado de 13 muertos y más de 30 heridos no se requiso el pabellón dos, que era quien inicio el conflicto ni se traslado al pran conocido como el Eber, quien al contrario se le dejo que tomara el pabellón 3 y el anexo femenino, requisándose solo el pabellón 1 de este penal, pabellón este que tiene conflicto con el pran del 2 mencionado anteriormente, la suma que se manejo acá supero los 700.000 bsf.
Es así que, quienes coordinan este grupo de requisa son los primeros que están abogando por una solución que sea por la vía de la negociación ya que es un gran botín en efectivo, armas y droga que les esperaría dentro de La Planta. Pero no solo es este el negocio que tienen estos tres funcionarios, el señor Wilmer Apóstol logro colocar como director de Yare 3 al funcionario Nelson Cubiano, funcionario este que fungía como uno de los coordinadores del GRIC y con un expediente de investigación abierto por la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Publico, por haber golpeado y quemado a un grupo de internos precisamente en este penal en el año 2010, con esto ya han logrado controlar un establecimiento con condiciones medias de seguridad y donde ya se están manejando cobros de dinero para introducir teléfonos y salir de traslado a los tribunales, todo esto con la anuencia de este director. Hasta acá esta entrega, esperamos que la ciudadana Ministra tome en cuenta esta información y realice las investigaciones pertinentes para cumplir con su palabra de acabar con las mafias carcelarias.
Nuevamente el día de hoy los caraqueños nos quedamos sorprendidos con un nuevo enfrentamiento dentro de las instalaciones del Internado Judicial de La Planta, instalaciones que según palabras de la propia Ministra esta todo en tranquilidad y bajo control; balas, gases lacrimógenos y llanto es lo que se escucho el día de hoy, el resultado varios heridos y un hombre muerto, un vecino ajeno totalmente a la situación cuyo único pecado fue vivir cerca de este recinto, mientras nuestra Ministra solo dice que esto es un plan orquestado y que todo está saliendo según el plan del ministerio, ¿acaso estaba dentro de sus planes señora Ministra enlutar un hogar?, lo que sí sabemos es que entre sus planes esta dejar ir a los tres pranes que controlan los pabellones que aun se resisten dentro de este recinto, esto según informaciones esta negociándose el día de hoy, el plan es dejarlo ir tal como paso con el Oriente en El Rodeo, con armas, drogas y dinero, esto en vista de la negativa de los jueces a caer en las presiones de la ministra y darles una libertad anticipada, de verdad sorprende la doble moral de esta seudo Ministra, quien se jacta de decir y vociferar su compromiso con el pueblo, y lo que hace es tratar de tapar su olla podrida de corrupción y miseria humana.. Con que cuento nos saldrá la Ministra mañana, que ya los internos se entregaron y al final dará unas cifras falsas como se supone tratara de tapar la gran cantidad de fugados que se estima en más de 500 hombres y claro los pranes que generaron hoy el caos en el recinto. Pero no solo están los atropellos a familiares y medios de comunicación, sino al personal que aun está adscrito a este establecimiento, quienes han sido amedrentados y amenazados por los directores Reinaldo Rangel y Wilmer Apóstol, que si se retiran de las instalaciones serán destituidos, esto para poder aparentar la supuesta calma que quiere hacer ver nuestra seudo Ministra. Queda acá la interrogante de saber en qué país vive Iris Varela, que dice que está todo bien que acá no pasa nada, una Ministra que lejos de arreglar el sistema penitenciario lo ha empeorado, y solo podemos darle la razón en algo, aquella célebre frase que dijo en octubre del 2011, “Ha llegado la revolución al sistema penitenciario”, es así con la seudo Ministra llega la revolución, pero una revolución armada, llena de vicios y corrupción, donde es más importante tapar la ineficiencia y dejar que venezolanos mueran a manos del hampa que ya está bajo custodia del Estado, o quizás deberíamos decir bajo la protección del Estado Venezolano, ya los delincuentes controlan totalmente el sistema penitenciario, tanto en los recintos bajo las figuras de los pranes o lideres negativos, como en la dirección del Ministerio, cuando existen delincuentes con antecedentes por Homicidio como el caso de Wilmer Apóstol, o directores que negocian las libertades, como el caso de Alejandro Leal. Señora Ministra estos conflicto no son montajes de la oposición o un medio de comunicación, estos conflictos son un montaje de sus propios directores generales que solo están detrás del dinero que puedan hacer a costa de la miseria humano Ud. Ministra Institucionalizo las mafias en las cárceles y ahora abre las puertas de los penales a quienes pueden pagar con la sangre de otros su libertad. Señora Ministra la invitamos a que mañana de un rueda de prensa pero desde las instalaciones de La Planta, así como Ud. dice que todo está bajo control amárrese los pantalones y acérquese, Ud. que se llena la boca diciendo que no es una Ministra de oficina venga y dirija Ud. misma las operaciones y no sea una delincuente más de su equipo de trabajo.
A propósito de los recientes hechos de La Planta, penal emblemático del centro de Caracas, donde se frustro una supuesta fuga masiva y que derivo en el sitio del penal, ya han pasado nueve días sin que las autoridades puedan tomar el recinto penitenciario en manos de unos cuantos internos sin que tengan que hacer uso de fuerza pública. Se repite la historia del Rodeo, solo con otras variantes, pero nuevamente un grupo de pranes mantienen de rodillas a las autoridades, pero hagamos una crónica de los hechos que desencadenaron esta situación; en este establecimiento no se hace pase de lista y numero certificado por la Guardia Nacional desde diciembre del 2010, cuando se fugaron por la puerta principal los pranes del área de los talleres conocidos como “El Joan” y “Mechitas” con 700.000 bsf. , armas y droga. Desde este momento no se ha pasado numero pero la situación se agrava luego que la ciudadana Ministra decide, hace cuatro meses cambiar al director del establecimiento, colocando en su lugar al señor Roberto Antonio Gonzales, funcionario este que fue rechazado por la población penal generando un conflicto que llevo a los internos a soldar las puertas de acceso al establecimiento, desde este momento comienza un vacio, ya que no existía un director en el establecimiento siendo los responsables del mismo el jefe de régimen de guardia, esto trajo como consecuencia un aumento en los hechos de corrupción y las fugas continuadas de internos por la puerta principal y el ingresos de armas, munición y drogas. Posteriormente al cabo de dos meses se trata de colocar un nuevo director, el abogado Rigoberto Pacheco, quien a las dos semanas de haber asumido el cargo es expulsado por los internos del recinto, cuando un grupo de líderes negativos armados con pistolas y granadas, entraron a la oficina del director del establecimiento y le dieron un plazo de media hora para abandonar el recinto, de lo contrario lo matarían, siendo reubicado como director de todas la unidades técnicas de supervisión, adscrito a la Dirección General de Asistencia Pos Penitenciaria. Es así que La Planta desde el mes de enero es una tierra de nadie, donde los altos directivos de la Ministra como Alejandro Leal, Director General de Consultoría Jurídica del ministerio han hecho de las suyas, cobrando hasta 150.000 por interno fugado, o como dicen en el argot carcelario por “cuadrar calle”. La pregunta acá es ¿por qué este director general está metido en estos penales, cuando sus funciones es atender los asuntos jurídicos-administrativos del ministerio?, bueno la respuesta es fácil, todo los directores generales de Iris Varela, quieren participar en el gran pastel de corrupción de las cárceles, al punto de la conocida y ya publica rivalidad que existe entre el Director General de Regiones Reinaldo Rangel y el Director General de Seguridad y Custodia Wilmer Apóstol, ambos acérrimos enemigos que se están luchando el poder en este ministerio, claro la pugna por quien dirige a los directores de cárceles es reconocida, ya que estos directores pagan un porcentaje por los ingresos que estos de forma ilícita obtienen, bien sea de las mafias de internos, como de los proveedores de alimentos, empresas que realizan reparaciones a la infraestructura. Los ingresos y la corrupción es tan grande que ya, Wilmer Apóstol posee una camioneta Blindada para desplazarse a su casa en Catia, parroquia Sucre, justificando estos ingresos con un supuesto auto lavado. Es por esto que nuestra ministra en su rueda de prensa del día de hoy rehusó dar declaraciones de cifras ya que a ciencia cierta, no se sabe cuántos se han fugado de este recinto, pero por este medio podemos decir que para el mes de marzo en La Planta existían 2305 internos procesados y 368 penados para un total de 2673 internos. Analicemos entonces las declaraciones de la Ministra cuando dice que entre febrero y abril han salido 500 internos en beneficio, pero para obtener un beneficio hay que estar penado y si solo había 368 penados ¿Cómo han salido 500 internos? La Ministra también manifestó que ya se ha trasladado un 50 % de los internos, es decir un promedio de 1300 internos a Yare 3, cuando este penal tiene una capacidad de 270 internos y para el mes de marzo habían 359, es decir ya había una sobre población de 150 internos, parece que la ministra no está bien asesorada al momento de dar cifras, que por cierto no las da.
Además de esta situación, según la Ministra las autoridades tienen el control de La Planta, y ya los internos de ese penal quemaron los expedientes y las áreas administrativas, es decir el control lo tienen los internos al punto de tener que la GN hacer un boquete para poder sacar a un grupo de internos de traslado, se mantiene un estado de sitio similar al del Rodeo que intenta tapar la Ministra, al punto que ordeno a los funcionarios pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC) quitar las cámaras al equipo de Globovision, es así no fue la GN quien causo los daños a la camioneta de Globovision; fueron funcionarios del GRIC por orden de Iris Varela, y quien retuvo la cámara fue el funcionario Nelson Cubiano, director de Yare 3, igualmente Wilmer Apóstol ordeno arremeter contra los familiares en caso de que estos se tornaran violentos, a pesar de que este grupo no está facultado para ejercer funciones de control de orden público.
Desde que la ciudadana Ministra recibió el cargo en julio del 2011 una de sus premisas era acabar con las mafias y la corrupción en las cárceles, tildando de corruptos a los más de 6000 funcionarios que hacen vida dentro del sistema penitenciario, ahora a nueve meses de su gestión la realidad es otra más grave y caótica aun de la existente cuando esta recibió su cargo. Corrupción descontrolada por parte de sus Directores Generales y personal de confianza, deficiencias en el cálculo y ejecución del presupuesto, aumento de la violencia, fracaso de los distintos planes puestos en ejecución y abusos hacia los funcionarios es lo que caracteriza esta gestión.
Comenzamos este post analizando en primer lugar los hechos de corrupción que supuestamente iban a ser execrados por la ciudadana Ministra, en primer lugar tratemos las fugas masivas y continuada de varios penales como los son La Planta, Penitenciaria General de Venezuela (P.G.V.), Internado Judicial de San Juan de los Morros, Tocoron, penales estos en donde no se hace el pase de lista y numero por parte de la Guardia Nacional desde hace meses, por lo que no puede constatar la cantidad exacta de internos que hay, solo se sabe por la cantidad que los mismos internos dicen que hay, gracias a esta situación se han presentado fugas, entradas y salidas los fines de semanas de pranes y mafiosos quienes cometen delitos y secuestros y luego vuelven a la cárcel para evadir las investigaciones, todo esto con la anuencia de las autoridades. Podemos contar un faltante aproximado de más de 300 hombres solo en la P.G.V., quienes están fugados o simplemente han sido asesinados dentro de la cárcel y enterrados ahí mismo y no han sido reportados, el hecho más reciente es la fuga de el pran del pabellón tres de La Planta conocido como "El Tortero" junto con unos 100 internos mas, llevándose con ellos dinero, droga y armas, se podría decir que son más de 200 hombres que faltan en La Planta, es decir solo en estos dos penales faltan por lo menos 500 hombres, parece que la Ministra si va a cumplir con su palabra de sacar a la calle la mayor cantidad de internos, solo que esta vez lo hacen por la vía ilegal. Pero estos internos han contado con el apoyo de directores generales y personal de confianza de la Ministra, en el caso de La Planta quien ha coordinado todo hasta los cobros de dinero es el Dr. Alejandro Leal, Director General de Consultoría Jurídica del MPPSP, y quien coordina todo con un expran de La Planta conocido como "Calle" y quien ahora es funcionario de este ministerio y escolta de este director general, estos cobran entre 30000 y 150000 por interno según sea el caso y la ayuda que necesite. Pero no es solo este alto funcionario, tenemos el caso también de Wilmer Apostol, Director General de Seguridad y Custodia, ex agente de la Policía del Estado Miranda y quien fue destituido de este cuerpo policial por haber disparado en contra de una persona imputándosele el delito de Lesiones Gravísimas por tribunales del Estado Miranda, dándosele la medida cautelar de presentación en el tribunal cada 15 días, incumpliendo dicha medida, posteriormente le es imputado el delito de homicidio en grado de frustración, pero al recibir el cargo la ciudadana Ministra presiono para conseguir un sobreseimiento de la causa, causando gran malestar entre los jueces, este personaje conocido por sus continuos abusos de autoridad en contra de funcionarios y los cobros a los respectivos Pranes cada vez que el Grupo de Reacción Inmediata de Custodia (GRIC) hace una requisa para evitar traslados y devolverles armas y drogas que han sido encontradas durante las requisas. En otro orden de ideas nos permitimos felicitar a la Ministra por ese gran show que nos deleito con la supuesta frustración de una fuga masiva mediante un túnel hacia la autopista y de ser así esperamos la pronta intervención para saber si en realidad fue frustrado y sea detectado de que área fue hecho ese supuesto túnel, y de verdad sorprende que desde tempranas horas estaban todos los efectivos apostados esperando la orden para actuar y detectar este supuesto túnel, y de ser así deja entender que no desde hace tres días estaban haciendo este túnel, a todas estas la situación es bastante engorrosa ya que, desde el día viernes en la noche la GN está tratando de ingresar al internado Judicial de La Planta y aun hoy domingo no han podido hacerlo, pero lo que más sorprende es que quien está negociando y sirviendo de portavoz en este show es la ciudadana MARYOLET SANTIAGO, vocera de los familiares y una de las grandes piezas de estas mafias corruptas que ingresan material prohibido, cualquiera que sea la verdad debe intervenirse este penal y realizar un pase de lista y numero con presencia del Ministerio Publico y la GN. Es así Ministra que resulta contradictorio que sean sus directores generales quienes sean los corruptos ahora, esperamos acciones contundentes para de verdad poner orden en los penales. Ahora cabe preguntarse ¿ SERA ESTA SITUACIÓN DE LA PLANTA UN NUEVO RODEO, QUE GANARAN LOS PRANES ESTA VEZ, QUE RESPUESTA LE DARA IRIS VARELA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE ESTA SITUACIÓN?, porque estamos seguros que la Ministra no solo engaña al pueblo sino al presidente también, Esta es solo la primera entrega de esta historia podrida de corrupción y mafias carcelarias, en la próxima entrega hablaremos sobre la alimentación y la empresas que prestan este servicio una de las mafias mas aguerridas y fuentes de corrupción en este Ministerio.
Los funcionarios de la antigua Dirección Nacional de los Servicios están viviendo una situación laboral caracterizada por los constantes abusos y atropellos por parte tanto de funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia como del Ministerio de los Servicios Penitenciarios, un crédito adicional para pagar sueldos y salarios que permanece represado en las arcas del Ministerio para la Relaciones Interiores y Justicia y un ambiguo decreto de supresión que deje en el limbo jurídico a los funcionarios de carrera de esta dirección y aquellos que ya poseen un contrato a tiempo indeterminado, los funcionarios serán sometidos a un proceso de evaluación, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, lo que nos preocupa es quienes serán nuestros evaluadores y los criterios de evaluación que serán usados. Nos preocupa cuando tenemos como superiores a personas que quizás tengan una gran experiencia política, pero que en materia penitenciaria no saben absolutamente nada, y gerenciar las cárceles no tiene nada que ver con política señora Ministra, nos preocupa que nos evalúe funcionarios como el señor Wilmer Apostol, actual Director de Seguridad y Custodia, y quien fuera agente de la Policía de Miranda, destituido de ese cuerpo policial por abuso de autoridad, conducta impropia y por estar incurso en delitos, además de tener dos procesos judiciales en los tribunales del Estado Miranda por lesiones personales gravísimas, delito por el cual gozaba de una medida cautelar de presentaciones la cual violo al no presentarse más en el tribunal; y otro por homicidio agravado en grado de frustración. Este director general que se llena la boca diciéndonos corruptos cuando es un delincuente y llega a los penales cual militar frustrado exigiéndonos orden cerrado, amigo mío el respeto se gana no viene con el cargo, pero no solo esto está en el prontuario de Wilmer Apostol, sino que permite al grupo de funcionarios líderes del antiguo grupo ERIC ahora llamado grupo GRIC y personal de su confianza, que continúen en actividades ilícitas como es el secuestro exprés de comerciantes en la Candelaria y otras áreas del centro de Caracas en asociación con grupos de delincuentes que están vinculados a las mafias de las cárceles. Es así que nos preguntamos si funcionarios como este serán quienes nos evalúen, aunado a esto tenemos el problema de nuestros salarios que tiene represado el MIJ cuando ya fue aprobado por el Presidente los recursos y aun no nos pagan, ¿será esta la justicia social que tanto se jacta pregonar Tareck El Aissami, será que estamos siendo víctimas los funcionarios de una lucha interna del PSUV entre Iris Varela y Tareck El Aissami?, sea que lo que sea solo exigimos nuestros salarios ya que, seguimos trabajando aun sin percibir nuestros sueldos y sin respuesta oficiales, y otra gran preocupación es quien nos pagara el salario el mes de marzo si el MIJ dice que responderá hasta el mes de febrero y la liquidación, a pesar de que el decreto de supresión salió en gaceta fue en la segunda semana de marzo, y el nuevo ministerio dice que pagara a partir de la selección del personal, es decir este mes o hasta que el MIJ decida o quiera liquidarnos estaremos trabajando de gratis ya que ninguno de los dos ministerios nos garantiza nuestra sueldo ni la estabilidad. Pero como si no fuera suficiente los representantes sindicales han pactado ya con los patronos a fin de evitar acciones de calle y callar nuestra voz de lucha y protesta, prueba de esto es que quien es presidente de uno de estos sindicatos Marlene Colina, tenía un cargo de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y actualmente ya le fue otorgado su cargo de abogado del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia lo que le ha generado compromisos, además de que a sus familiares si los atiende el seguro del Ministerio de Servicios Penitenciarios, y están promoviendo que demandemos por los tribunales y agotemos las vías legales, pero a través de un poder que usara uno de sus abogados con sus respectivos honorarios cancelados por nosotros, esto como lo dijeron en reunión efectuada el día de ayer en la sede del SUODE en Caracas y donde incluso estuvo presente funcionarios del nuevo Ministerio, asimismo nos dicen que no hagamos acciones contundentes hasta agotarse la vía legal y administrativa, cosa que puede tardar hasta dos años, lo que generaría tiempo para que nos quiten nuestros puestos de trabajo y silenciarnos, es así camaradas del sistema penitenciario que desconocemos a estos sindicatos como nuestros representantes ya que, ya no pertenecemos al MIJ y promovemos la conformación del FRENTE BOLIVARIANO DE INVESTIGADORES Y TRABAJADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO, una asociación civil con representación en cada Estado y facultada para ejercer verdaderas acciones a fin de proteger nuestros intereses. A Ud. Señora Ministra Iris Varela asuma su responsabilidad y denos respuesta efectiva de nuestros destinos laborales y a Uds. compañeros organicémonos en este frente que pronto será registrado y alzamos nuestra voz de lucha y deslastrémonos de estos seudosindicalistas vendidos y corruptos.
Desde que la Ministra Iris Varela asumió su cargo en el mes de julio ha anunciado una serie de operativos para tratar de palear la crisis penitenciaria que, según ella es una creación de las mafias las cuales aseguro que combatiría, pero aun estamos esperado los tan ansiados cambios prometidos en beneficio del sistema penitenciario. Sus primeras acciones ordeno un operativo de actualización jurídica a nivel nacional, visitas cárcel por cárcel, plan cayapa contra el retardo procesal y operación cambote para la recuperación de la infraestructura de las cárceles, pero estos operativos no son más que los refritos de las mismas acciones de los antiguos Directores generales de servicios penitenciarios, cuando esta unidad estaba adscrita al MPPRIJ. Falta mencionar la última y más destacada operación, aunque no oficializada, iniciada por la señora Ministra “LA OPERACIÓN CAYAPA CONTRA LOS FUNCIONARIOS”, operación que consiste en acabar y atropellar a los funcionarios anteriormente adscritos a la DNSP, violando claramente lo dispuesto en la Gaceta de Creación del Ministerio. El Decreto Presidencial N° 8.266 publicado en Gaceta Oficial N° 39.721 el 26 de julio de 2011, en su artículo N° 8 establece un plazo de ciento ochenta (180) días continuos para que el nuevo Ministerio asuma completamente las competencias asignadas, además establece que el MPPRIJ y el MPSP deben hacer los tramites necesarios para materializar la efectiva TRANSFERENCIA EN RESGUARDO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS RESPECTIVOS SOLICITANTES E INTERESADOS, ASÍ COMO DE LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. Entiéndase como solicitantes e interesados a la población privada de libertad y al cuerpo de funcionarios que hacen vida en el sistema penitenciario.
Igualmente dicho decreto presidencial establece en su artículo N° 10 un plazo de 30 días continuos para ser dictado el decreto de supresión de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios. Es así que ninguno de estos artículos se han cumplido ya que, en primer lugar las violaciones a la seguridad jurídica de los funcionarios es constante, remociones sin el debido proceso, ausencia de pago, seguro HCM y cesta ticket; igualmente el decreto de supresión no ha sido dictado aun, por lo que queda el limbo jurídico sobre el destino laboral de los funcionarios, ya que si bien es cierto que ya el MPSP asumió la totalidad de las funciones en materia penitenciaria, también es cierto que la DNSP aun existe como órgano desconcentrado con personalidad jurídica, hasta tanto no sea dictado el Decreto de Supresión de la misma. Es así que la señora Ministra debe ponerse al día con la estructura que no existe aun de este nuevo ministerio y con el decreto de supresión y proceso de TRANSFERENCIA del personal de la DNSP, a usted señora Ministra nosotros tenemos derechos y los conocemos y tenga por seguro que lo haremos valer si continúan estos atropellos, es Ud. quien estará retrasando los procesos de los privados de libertad al no aclarar nuestra situación laboral.
Señora Ministra Iris Varela, a Ud. que dice que somos corruptos Ud. mantiene a todos los directores de cárceles quienes son los primeros responsables de las irregularidades, mantiene aun como jefes a los antiguos líderes del GRUPO ERIC, conocido ahora como GRIP, quienes eran responsables de sacar armas de los penales y venderlas en los barrios, y quienes cobraban su porcentajes a los pranes a nivel nacional, tiene pranes trabajando en altos cargos como es el caso de Alfredo Aguilar alias “Calle”, quien fuera pran del pabellón 2 de La Planta hasta el mes de noviembre y quien ahora cumple funciones junto al Dr. Alejandro Leal Director General de Consultoría Jurídica de ese ministerio; o el caso de Darío Bencomo uno de los asistente de la Ministra quien pide favores sexuales a cambio de oportunidades de empleo o ayuda a funcionarias para que no sean despedidas, ¿Cuál es el doble discurso Ministra?.
Como lo habíamos denunciado en el post anterior, desde que la ciudadana Ministra Iris Varela asumió el Cargo en el mes de julio de 2011, se ha desatado una cacería de brujas en contra del personal de la extinta DNSP, aun esperando respuestas oficiales sobre nuestro destino laboral los representantes de los distintos sindicatos han introducido un pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo, con la finalidad de obligar a nuestra Ministra a respetar los derechos laborales de los más de 6.000 funcionarios que cumplen funciones solo en las cárceles sin contar sistema de adolescentes. Es así que ya comienzan a pronunciarse algunos de sus directores generales, lo que podría entenderse como una respuesta oficial, el día 27 de enero de 2012 la ciudadana ANA TERESA ORTEGA DE SIMOSA, titular de la C.I. 3.985.286, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN INTEGRAL de ese ministerio según Gaceta Oficial N° 39.755 de fecha 12 de septiembre de 2011, reunió al personal del Centro de Residencia Supervisada “Méndez Urosa” en Vargas y les manifestó lo siguiente: “Todos los funcionarios de la DNSP van a ser liquidados por el MPPRIJ sin importar años de servicio, una vez liquidados van a ser estudiados sus expedientes y los reposeros, los que tengan procedimientos administrativos abiertos con o sin decisión, y LOS QUE HAYAN FIRMADO CONTRA EL PRESIDENTE no serán contratados de nuevo, además de que todos sin excepción pasaran a ser contratados sin años de servicio es decir todos empezaran de cero fijos y contratados, además los internos que también hayan firmado contra el presidente deberán cumplir sus penas completas y los que estén de beneficio se les debe revocar el mismo”; palabras textuales de esta flamante directora general, donde se denota una total violación de los derechos laborales y una clara persecución política tanto al personal como a los internos, incluso violando una orden expresa de nuestro presidente quien dijo dejar esa practica satánica de aplicar la famosa lista Tascon, además de una violación de los derechos de la población privada de libertad ya que aquellos que hayan firmado contra el presidente deben cumplir su pena completa y no gozar de beneficios, ¿estará acaso Iris Varela penalizando el haber firmado contra el presidente?.. Igualmente el Director de la Región Oriental en el Estado Monagas convoco a una actividad del PSUV con carácter obligatorio este fin de semana y quien no asistiera seria anexada a la lista negra que ellos manejan. Esto claramente deja ver una persecución política que lejos de beneficiar al proceso lo perjudica, la cuestión no es perseguir sino ganar votos para el proceso.
Igualmente la situación laboral y la no existencia de estructura en el Ministerio para los Servicios Penitenciarios se debe a la total ineficiencia de sus directores de personal y planificación quienes obviaron un estructura de cargos ya aprobada por el Ministerio de Planificación y Finanzas, esto por la guerra interna entre Tareck El Aissami e Iris Varela, introducen una estructura que fue rechazada, ante esto la Ministra no cuenta con cargos que darles a sus funcionarios, apenas están comenzando con este trabajo seis meses después de haber recibido la cartera ministerial, lo que deja claramente lo paupérrima de esta gestión en donde hasta los internos se dan cuenta y sacan provecho de este desastre.
Ante esta situación camaradas funcionarios de la extinta DNSP no nos quedemos callados apoyemos a nuestros sindicatos y comencemos acciones de presión solo cumplamos nuestro horario fuera de las áreas administrativa y hagamos llegar a la población penal nuestra situación para que estos entiendan y nos apoyen. A usted señora Ministra si Ud. no tiene ninguna responsabilidad laboral y nosotros no pertenecemos a su ministerio como vamos a firmar las redenciones, informes, traslados a tribunales, o permisos, constancias de estudios o laborales para los privados de libertad, eso sería ilegal ya que solo los funcionarios adscritos al ministerio encargado del sistema penitenciario lo pueden hacer y si nosotros no formamos parte de ese ministerio no podemos hacerlo, denos la cara y respétenos como pueblo que somos.
Un gran ambiente de incertidumbre se ha vivido entre el cuerpo de funcionarios que laboran en las dependencias adscritas al Ministerio de los Servicios Penitenciarios, desde que asumió esta cartera ministerial la ciudadana María Iris Varela Rangel. Desde el mes de julio de 2010 comenzó un cacería de brujas entre el personal, para la Ministra Iris Varela todos los funcionarios ingresados antes de su administración son escuálidos y corruptos, poniendo en entredicho con esta afirmación el compromiso con el Proceso de quienes tuvieron bajo su cargo las prisiones como Jesse Chacón, Pedro Carreño, Ramón Rodríguez Chacin y Tareck El Aissami; este último por cierto próximo candidato y gobernador del Táchira, tierra de donde es oriunda nuestra ministra. Claramente estamos viendo la inconformidad de la Ministra con esta decisión de nuestro Presidente, donde reconoce la poca capacidad de afrontar al candidato de la oposición de ese Estado de nuestra Ministra y envía a Tareck El Aissami a recuperar esta gobernación. Luego de esta decisión los ataques y la persecución en contra del personal ingresado durante la gestión del ahora Ministro de Interior y Justicia han aumentado, al punto de que existen funcionarios sin hacer absolutamente nada en la oficinas por órdenes expresas de la Ministra, quien giro instrucciones que a la gente de la DNSP ni agua se les envíen. Sus directores de confianza se han dado a la tarea de amedrentar al personal visitando establecimientos penitenciarios acompañados de ex pranes quienes hacen funciones de asesores ministeriales. Las intenciones de la Ministra es sacar a todo el personal viejo e ingresar personal nuevo, por ser estos corruptos tal como lo ha dicho en declaraciones públicas, pero ¿Cuántos directores de cárceles ha cambiado?, ninguno, a pesar de ser estos los primeros responsables de lo que pase y deje de pasar en un establecimiento, al contrario ha ascendido a algunos como es el caso de Isabel Gonzales, quien fuera directora del INOF y ahora es directora de la Región Centro occidental. Es acá donde nos preguntamos si esta estrategia es en beneficio de la población privada de libertad y el proceso revolucionario, descartar más de 6.000 funcionarios con experiencia y conocimientos del sistema penitenciario solo perjudicaría a su gestión y a la población privada de libertad.
Es cierto que existen funcionarios corruptos y deben ser destituidos, pero bajo una investigación apegada a derecho, ya que, son mayoría aquellos funcionarios que dan el todo por cumplir con sus funciones bajo un ambiente laboral no idóneo, sin condiciones de seguridad ni ningún tipo de beneficios. Ellos no están como los funcionarios recién ingresados y allegados a Iris Varela cobrando sueldos superiores a los 7.000 bsf, con oficinas con aires acondicionados, con los gastos de alimentación pagos más la cesta ticket, ni viajando en yates y aviones privados como se pudo conocer de uno de sus escoltas personales en las redes sociales. Estos funcionarios que son despreciados y atropellados por quien se dice una ministra humanista y socialista trabajan en un ambiente con armas, aguas negras desbordadas, basura, pero es un personal para ella sin ningún tipo de valor.
Iris Varela ha adoptado la actitud de no dar una respuesta oficial sobre el proceso de migración al nuevo Ministerio, no existe información del pago mucho menos de los destinos laborales. El pago de la nomina hasta el mes de marzo iba a ser asumido por el Ministerio para Interiores y Justicia, pero nuevamente ante la arrogancia de la Ministra y el pretender imponerse ya no será posible, ahora tendremos que esperar a que ella algún día se organice. Esta estrategia esta es para obligar a los funcionarios a renunciar o en su defecto abandonar los puestos de trabajo para así poder destituir la mayor cantidad de gente posible. Pero le tenemos un mensaje señora Ministra los funcionarios vamos a introducir un pliego conflictivo ante el Ministerio del trabajo y de ser necesario tomaremos acciones de calle, recuerde el poder reside en el pueblo, no en un cargo de un despacho ministerial, no salga luego a decir que somos guarimberos somos pueblo exigiendo respuestas.
El inicio del 2012 estuvo marcado por varios conflictos carcelarios, autosecuestro de familiares en Yare I y Yare II, secuestro de familiares en el Internado Judicial de los Teques, huelgas de hambre en la PGV, Internado Judicial de San Juan de los Morros, I.J. de Coro, Rodeo I y III, toma de áreas administrativas en el I.J. de La Planta, toma del anexo femenino en Mérida; todos estos penales con un pliego en común de peticiones, el incumplimiento de las promesas por parte de la Ministra Iris Varela, principalmente las tan ansiadas y renombradas libertades por beneficios vencidos y retardos procesales, el detonante las declaraciones en el programa Dando y Dando en VTV, donde manifestó : "Todo el mundo sabe que la ministra del Servicio Penitenciario, quien habla, no da libertades a nadie, esa no es mi misión, yo no soy poder judicial para estar firmando boletas de libertad a nadie, ni para poner preso a nadie", señaló la Ministra. Hay que estar claro que por primera vez la Ministra entendió una de sus funciones, pero todo este problema es consecuencia de su discurso inicial al recibir la cartera ministerial, en donde manifestaba que revisaría cada expediente para agilizar sus causas y conseguir las tan ansiadas libertades a los internos, manejando una meta de por lo menos 500 internos por centro penitenciario que deberían salir de los mismos, este discurso populista y las visitas a los centros mantuvieron a la población penal con expectativas unos meses, se censo toda la población, se evaluó a todos los penados, se levantaron infinidad de informes, culminando el día 15 de diciembre de 2011 dicho operativo de actualización jurídica. Los resultados están a la vista, informes con más de tres meses de atraso y que aun no han llegado a los tribunales, descontento en la población penal, situaciones de violencia, la población penal se siente engañada con el cambio del discurso de la ministra, quien ahora sí reconoce que ella no tiene la potestad para entregar libertados como lo prometió en cada penal que visitaba, ya no la ven como la “Madre Teresa Penitenciaria”, el descontento se puede apreciar no solo por estos conflictos sin en las redes sociales, donde se pueden apreciar mensajes que le envían gran cantidad de internos y familiares a la cuenta de twitter de Iris Varela. La ministra en un intento de apaciguar los ánimos da inicio al operativo “Cayapa Jurídica” a fin de revisar expediente por expediente para agilizar las causas con tribunales itinerantes en los establecimientos penitenciarios logrando levantar el conflicto; pero esto solo duro unos días y en la mayoría de los penales los jueces y equipos de evaluación de Ministerio Penitenciario solo fueron una vez, además que este operativo es lo mismo que estaban haciendo desde el mes de septiembre, por lo que la población ha visto esto como un engaño mas sin que se logren los tan ansiados resultados de la cayapa al retardo procesal. Para completar el panorama existe una ausencia total de actividades de atención integral a la población coordinada por el ente ministerial, las que se efectúan son la planificadas y financiadas por los pranes de cada establecimiento penal.
Pero la Ministra no solo enfrenta conflictos con la población penal, sino con los funcionarios que estaban adscritos a la extinta Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, quienes han sido víctimas de atropellos por parte del personal de confianza de Iris Varela, y donde no les han dicho ninguna información oficial sobre su estabilidad laboral, existen más de 300 funcionarios de los equipos técnicos a nivel nacional que por ordenes expresas de la Ministra están sin funciones asignadas, mientras existe una población penal desasistida y descontenta. Existen más de 250 no renovaciones de contratos que no han sido notificadas, el personal aun no ha cobrado ya que no pertenecen a la nomina del MPPRIJ, no está definido si poseen seguro medico, no hay seguro funerario. Esto ha traído como consecuencia la amenaza de posibles acciones de calle ante la negativa de la Ministra a sentarse y dialogar con los funcionarios y sus representantes sindicales, ya que esta no los reconoce como tal, y la posible introducción de un pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo. El descontento aumenta al existir en algunos establecimientos personal de nuevo ingreso con los contratos firmados por el nuevo ministerio, con su nueva credencial, sus beneficios, sueldos más altos y funciones asignadas.
Entre las acciones tomadas por la Ministra para atacar estos problemas se cuentan, la contratación de Pranes en su nomina como es el caso del ciudadano Alfredo Aguilar alias “Calle”, quien fuera uno de los pranes del pabellón 2 de La Planta y quien labora con el Dr. Alejandro Leal, Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio, y así como esos existen tres ex pranes mas, igualmente el Viceministro Raúl Álvarez Bracamonte ha estado en conversaciones en la Mínima de Carabobo para tramitar el beneficio de un interno conocido como “Bolívar”, un adinerado ex pran del Dorado, para luego incluirlo en la nomina del ministerio. Pero no solo estas acciones, todos podrán recordar esa frase de nuestra ministra donde decía “yo no negocio con mafias carcelarias ni pranes”, palabras que se llevo el viento, porque ya estas mafias tienen más poder, prueba de eso es la salida autorizada de la Mínima de Carabobo a un evento en el anexo femenino de Tocuyito del famoso Wilmer Brizuela “wilmito”, conocido líder y pran responsable del secuestro de funcionarios de la Mínima de Carabobo, pero no solo salió el sino su sequito comprendido por Johan Romero “El Petrica”, “Bolívar”, “El Chichi” y otros mas, este evento fue realizado el día viernes 13 de enero desde las 8:30 AM hasta las 4:30 PM con la presencia de un grupo de salsa costeado por “Wilmito”. Todo esto debido a las negociaciones que hizo la ministra durante el conflicto de la primera semana de enero y donde los pranes entregaron el conflicto a cambio de prerrogativas para ellos como lo son salidas a eventos deportivos e ingresos de materiales.
Bastante paradójico resulta que la Ministra haya anunciado que no negociaría con las mafias de los pranes y ahora estos son su mano derecha, pero, ¿habrá tomado en cuenta Iris Varela y sus expertos asesores que esto puede ser peligroso?, estas acciones puede ser un arma de doble filo para la Ministra, ya que en la rutina carcelaria, el ceder o la entrega de un conflicto por parte de los pranes o lideres a cambio de beneficios solo para ellos o por congraciarse con las autoridades puede desencadenar en rechazo de la población y terminar en los llamados “cambios de gobierno o cambios de carro”, esto porque para los reclusos quien vende o entrega información al gobierno pierde el respeto ante la población.
Solo queda esperar como nuestra Ministra sortea todas estas dificultades, junto a su selecto grupo de asesores expertos en las mafias carcelarias, y de eso no tenemos duda ya que fueron lideres de esas mafias, y esperamos de verdad respuesta oficial sobre nuestra situación laboral, a usted Ministra quien pregona el socialismo y el poder popular, 6000 funcionarios son pueblo y exigimos respeto e información oficial sobre nuestros destinos, o acaso será necesario acciones contundentes que pueden ser evitadas, ya que pareciera que Ud. gerencia solo bajo conflictos como lo hace con la población penal.
Recientemente la ciudadana Ministra para Asuntos Penitenciarios Iris Varela; anuncia la aplicación de un Desarme Persuasivo en nueve penales del país, Varela resalto que esta primera etapa del "desarme persuasivo" se ha llevado a cabo en el Rodeo I, II y III, Yare II y III, El Dorado, Trujillo, La Mínima de Tocuyito y ahora en el internado de San Antonio. "Hemos evidenciado una cantidad de armas en esos y otros penales que a la larga se convierten en un arma de doble filo para ellos mismos", destacó. Estas declaraciones fueron dadas a la prensa nacional, pero cabe preguntarse por que se habla de desarme en penales como el rodeo I, II y III, cuando estos penales fueron totalmente desalojados en junio del presente año al igual que Yare II establecimiento donde fueron trasladados internos del Rodeo; o Yare III establecimiento que recién fue inaugurado en el año 2009, asimismo La Mínima de Tocuyito, recientemente protagonista de un secuestro de funcionarios. Podría decirse que este es el reconocimiento del fracaso de la administración penitenciaria al hablar de desarme persuasivo de cárceles nuevas y recién pobladas, esto es reconocer que el Estado no puede controlar el ingreso de armas a establecimientos que están bajo su control, mucho menos controlar el ingreso a cárceles que son controladas por los internos. Prueba de esto es el decomiso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana de un kilo y 800 gramos de cocaína, tres FAL y tres escopetas, incautados en un camión que transportaba arena en el Internado Judicial de Aragua (Tocorón) y autorizado por la dirección del establecimiento, el pasado 13 de diciembre. Igualmente, encontraron cinco envoltorios de bicarbonato de sodio, ocho recipientes con cartuchos de balas de diferentes calibres, una planta eléctrica, 25 cajas de bebidas alcohólicas y 14 botellas de licor, quizás esto forma parte de lo que nuestra Ministra Varela dijo, de haber encontrado mucha disposición para el desarme en los 57 establecimientos penitenciarios que ha visitado desde el pasado 21 de septiembre, mucha disposición pero pareciera que para el rearme. En cuanto al caso del Penal de Margarita podríamos hablar más bien de una entrega de una ínfima cantidad de armas, negociada en su visita anterior a ese penal y de donde salió una foto que ha circulado por la redes sociales, de la ciudadana Ministra sentada en una cama de una celda junto a Teofilo Rodríguez alias “El Conejo”, conocido Pran de esta cárcel y tan conocido y peligroso como “El Oriente” y “El Yoifre”, acá podríamos hablar de una entrega consensuada de algunas armas oxidadas quizás, pero acá la gran pregunta es ¿que entrego el Estado a cambio?, claramente se puede apreciar que este Pran quiere conservar sus privilegios y quiere perfilarse como un líder penitenciario que pueda controlar tanto el crimen organizado como las cárceles del oriente del país, tal como lo hacia el conocido Wilmer Brizuela alias “El Wilmito”, actualmente recluido en la Mínima de Carabobo. Es claro que la Ministra está tratando de negociar con los pranes prueba de esto está a la luz pública cuando compartió la actividad el Hallacazo donde volvió a entrevistarse con los dos líderes de este penal, en estos momentos el Estado esta institucionalizando los grupos de liderazgo de las cárceles y la figura del Pran, situación está de doble filo para el Estado ya que, estos grupos solo velan por sus propios intereses y si es cierto que se está hablando de un desarme ¿Por qué aun no tiene el Estado el control total de estos establecimientos?, Si nuestra Ministra dice que hubo un desarme en Yare I y II como la población de las áreas de los talleres y teatros de Yare I toman por asalto las instalaciones de Yare II, quizás en el Ministerio para los Asuntos Penitenciarios no conocen el significado de persuasión y acá se los dejamos La persuasión es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente y uno hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Es una estrategia de resolución de los problemas que confía en "peticiones" más que en la coacción, pero debe existir La reciprocidad, El compromiso y la consistencia, la pregunta acá de las mil lochas es ¿Qué reciprocidad existe entre la Ministra y este Pran? y ¿Qué compromisos asumieron ambas partes que ni siquiera han sido públicos? Solo podemos decir que aquella frase célebre de Iris Varela “No negociare con las mafias carcelarias” se la llevo el viento más rápido de lo esperado.
Para nadie es secreto ni es reciente en nuestro país que se está padeciendo de una grave crisis en nuestros recintos penitenciarios, un sistema penitenciario carcomido por la corrupción y desidia de cientos de políticos tanto de la cuarta como de la quinta republica, cárceles llenas de armas de todos los calibres, al punto que se podría afirmar que si los rebeldes libios hubieran poseído esa capacidad de fuego de nuestros reclusos, no hubieran necesitado la ayuda de la OTAN ; la droga circula libremente en los pasillos de los recintos incluso es expendida en mesas como si fueran buhoneros en la calle vendiendo productos de primera necesidad, un gran centro comercial es un recinto penitenciario; todo esto sucede ante la mirada complaciente de las autoridades, tanto de la extinta Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios como del recién creado Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Para tratar de palear esta crisis carcelaria, que según la Ministra Iris Varela no existe tal crisis, el nuevo ministerio ha tenido como principal línea de acción la visita centro por centro realizando asambleas con la población privada de libertad, estrategia esta que aplaudimos enormemente y apoyamos, solo que presenta la gran deficiencia que deben ser realizadas con todas las partes involucradas en esta problemática, tanto a nivel local, regional, como nacional; la Ministra solo se reúne con los internos, sin la atención debida a los funcionarios, quienes son su principal herramienta para solventar la crisis, mucho menos a las comunidades que hacen vida en los alrededores de los recintos. Nuestra Ministra ha venido anunciando grandes cantidades de libertades y reformas tanto estructurales como organizativas, reformas estas que aun no se han visto, aunque es muy temprano aun para sacar conclusiones, ya que aun está en proceso de transferencia y creación del nuevo Ministerio, proceso este que culminara según lo establece la gaceta de su creación, el próximo 31 de diciembre del presente año.
Uno de los pasos que ya había adelantado el Ministro Tareck el Aissami, fue la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional del Código Orgánico Penitenciario, marco jurídico bastante avanzado y de corte humanista, más moderno y adaptado a nuestra realidad social. Ahora bien este Código ha sufrido ciertas e interesantes modificaciones propuestas por el equipo de asesores de la Ministra Iris Varela, modificaciones como las siguientes:
Se derogan los artículos 478, 485, 493, 494, 495, 496, 498, 500, 500 A , 501, 502, 503, 504, 505, 507, y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial N° 5.930 Extraordinario de fecha 4 de Septiembre del 2009, es decir solo quedara como beneficios el régimen abierto y confinamiento, y son eliminadas la suspensión condicional de ejecución de la pena, el destacamento de trabajo y la libertad condicional; es decir después de condenado el interno a cumplir una cuarta parte de la pena podrá optar al régimen abierto, beneficio que cumplirá hasta que le toque el confinamiento. Pero lo que más llama la atención de estas modificaciones es, que quien tendrá la potestad de otorgar o revocar estos beneficios será el Ministerio para el Servicio Penitenciario, es decir estas competencias antes de los jueces de ejecución, ahora serán de las autoridades penitenciarias, al igual que el otorgar medidas humanitarias.
Asimismo este código delega la responsabilidad de calcular, otorgar y revocar la redención de la pena por trabajo y estudio a las autoridades del establecimiento penitenciario, redención esta que anteriormente las realizaban los jueces de ejecución también, es decir estos jueces solo otorgaran la medida de confinamiento, así mismo para la apelación en caso de revocatoria o negativa para otorgar alguna medida, el interno ya no usara la vía jurisdiccional sino la administrativa, es decir no apelara la medida, sino que deberá ejercer un recurso jerárquico ante el titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Estas reformas son interesantes y bastante innovadoras ya que, se le está quitando al poder Judicial bastantes atribuciones y se le pasan al ente rector de las cárceles, la cuestión es hasta qué punto tiene la capacidad este ministerio para absorber estas responsabilidades, si ni siquiera se había podido cumplir con la reforma del COPP del año 2009, ¿Cómo otorgaran estas medidas en establecimientos donde ni siquiera está el personal para conformar los equipos de atención que establece el Código?. Estas modificaciones son la única forma que le permitirá a la ciudadana Ministra cumplir medianamente con la meta establecida de sacar por lo menos 500 reclusos por penal, ahora bien, esto también le obligara al Ministerio a recibir todos los internos que están en las comisarías policiales, ya que, en estas no se conforman estos equipos y por lo tanto estos internos que están ahí no podrían acceder ni al régimen abierto mucho menos a la redención. Cabria también preguntarse si ya el Ministerio tiene a bien la capacidad de reclutamiento y selección de los profesionales que conformaran los equipos de atención pos penitenciaria, ya que sin estos, no existiría el seguimiento y vigilancia necesarios.
Ahora bien, llama la atención que en las asambleas y visitas que realiza la Ministra a los Penales, esta no le haya hablado de este código a la población penal, sobre estas modificación y sobre las prohibiciones que tendrán, sobre todo la eliminación de las pernoctas; y más llama la atención que hasta ahora no se haya hecho público estas modificación, queda esperar las respectivas reacciones y opiniones tanto de la población penal como del Poder Judicial.
Las cárceles venezolanas se han caracterizado por su conflictividad y violencia, armas y drogas circulan libremente bajo la anuencia de funcionarios corruptos tanto civiles como militares. Pero los últimos meses se han presentado una nueva forma de protesta por parte de la población reclusa, el secuestro de funcionarios. En los últimos seis meses se han presentado cinco secuestros de funcionarios en varios establecimientos, en el mes de abril en el Rodeo II, en mayo en La Planta, en agosto en el Internado Judicial de Barinas, y en el mes de octubre y más reciente en el Centro Penitenciario de la Región Andina en Mérida y el Centro Penitenciario de Carabobo, mejor conocido como la Mínima, para un total de 154 funcionarios que han sido víctimas de este delitos dentro de las mismas cárceles, las cuales se supone que deben estar controladas por el Estado, pero esto no es lo más preocupante, lo que de verdad preocupa es que a través de estas protestas los internos han conseguido sus peticiones, desde destituciones de altas autoridades hasta el compromiso del Ejecutivo de no intervenir dichos establecimientos, además que no se ha producida ninguna acción legal en contra de los responsables de estos secuestros, lo que ha creado un clima de impunidad y han reforzado este tipo de protestas en la población reclusa. Prueba de esto la situación presentada en la Mínima, donde los internos a la final consiguieron las peticiones principales. Esta situación de impunidad ha generado incluso la complicidad descarada de funcionarios que se han prestado a ayudar a generar este tipo de situaciones. A todas estas el Ministerio para el Servicio Penitenciario aun no ha generado una política acertada para evitar y afrontar estas alteraciones en lo que podría llamarse el normal desenvolvimiento de los establecimientos penitenciarios. Prueba de esto tenemos la situación del CEPRA en Mérida, donde fue enviado por la ciudadana Ministra a resolver la situación de secuestro el Director General de Control de Procesados y Procesadas, Yair Muñoz; en este penal fueron retenidos en calidad de rehenes dos custodios por un grupo cercano a los 200 internos, quienes estaban recluidos en un área conocida como la máxima, la cual está hecha para una capacidad máxima de 40 internos, estos internos que estaban en esta área son los que han sido expulsados de otros pabellones, por lo que no contaban con el apoyo del resto de la población del establecimiento, es decir el resto de la población estaba con actividades normales, las exigencias de este grupo de internos hablar con la Ministra y que se ampliaran los espacios de esa área y fuera un pabellón mas. Las conversaciones fueron muy infructuosas, el Dr. Yair Muñoz no pudo llegar a resolver la situación de forma pacífica, hasta que el resto de la población se canso y tomo el caso en sus manos logrando la liberación de los dos custodios mediante la violencia, el resultado dos internos muertos y ocho heridos, cuatro granadas estallaron en esa área durante la operación de rescate y toma de control de esa área, luego de esto es que las autoridades del penal toman el control y se plantean los traslados de internos a otros establecimientos.
Cabe preguntarse qué paso en Mérida, ¿acaso Yair Muñoz negocio y permitió que el resto de la población realizara esta operación rescate?, ¿Por qué fueron los internos quienes asumieron las funciones del Estado?, ¿acaso Yair Muñoz negocio la no intervención de este penal a cambio de la resolución del conflicto de la manera en que se hizo? Interrogantes que esperemos también se las esté haciendo la Ministra, ante las declaraciones insistente de que acabara con las mafias y que no negocia con ellas, en este caso pareciera que uno de sus altos directivos si negocia con las mafias sin importar el costo en vidas tanto de internos y funcionarios. Asimismo todos los funcionarios esperamos las garantías necesarias para que este tipo de situaciones no se repita, que se genere una política fuerte para evitarlas hay que poner mano dura a estos funcionarios e internos que cometen este tipo de delitos “NO AL SECUESTRO”.
A propósito del recorrido de la Ministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela, a los distintos recintos penitenciarios del país, este fin de semana visito la Cárcel Nacional de Bolívar en Vista Hermosa, y Centro Penitenciario de Oriente en el Dorado, donde constato las condiciones de reclusión y escucho las apreciaciones y peticiones de la población penal. Durante esta visita la ciudadana ministra rindió declaraciones que han levantado cierto revuelo y que analizaremos a continuación; en primer lugar asevero que duda de la veracidad del secuestro en la Mínima de Carabobo y que posiblemente existe complicidad interna, pues bien es claro y cierto que debe existir complicidad interna, ya que solo con complicidad interna pudieron haber ingresado las armas con que lograron hacerse del control del penal y tomar el parque, y no por que hayan abierto las rejas ya que este establecimiento cuenta con varios regímenes de vida, por si sus asesores no le han dicho, este penal tienen internos clasificados en mínima, media y máxima seguridad, y los internos de mínima y media tienen acceso a las áreas comunes de aulas y salón recreativo. Pero es posible argumentar que quienes son cómplices de este secuestro quizás ni sean funcionarios, recordemos que ahí ingresan también gente del INCES, orquesta penitenciaria y voluntarios. Aun así apoyamos esa línea de no negociación con los pranes, pero ya al realizar los primeros traslados hemos negociado, y lo que es peor al instalar mesas de trabajo y dialogo en casi todos los penales cada vez que hay conflicto, estamos institucionalizando la figura de los lideres penitenciarios bien sea positivos o negativos, lo que se debe mantener es una política coherente en esta materia de conflictos, así como Ud. esta atendiendo a la población personalmente, estos deben firmar compromisos serios y donde se presenten este tipo de conflictos como Uribana, Mérida; Carabobo, Yare; debe inmediatamente intervenirse el establecimiento, pero no solo con evaluaciones, sino con una requisa profunda a fin de desarticular las bandas internas y desarmar la población penal y seguido de esto reestructurar administrativamente el establecimiento y darle a la población interna las condiciones mínimas de reclusión, Ministra hágalo en alguno de los penales que ya ha visitado, que en esas mesas de trabajo así como Ud. se ha comprometido a acabar con las mafias externas no hemos escuchado ningún compromiso de la población penal, que se comprometan a entregar las armas y dejar que sus funcionarios entren y reparen la infraestructura, que entreguen los celulares, que cese la violencia, y que dejen de existir las discotecas y minitecas que hay dentro de los penales, hágalo exíjale también a la población penal y verá si existe de verdad o no compromiso de parte de esta.
En cuanto a lo que se refirió en el Dorado sobre que ahí si existe un régimen, y que ha llegado la revolución al sistema penitenciario, cabria preguntarse ¿Qué han hecho sus antecesores entonces?, ¿estarán acaso relacionados con las mafias carcelarias?, ¿serán ellos tan responsables como los gobernadores de oposición? Pues bien al hacerse esta afirmación se entiende como que los ministros anteriores no habían hecho llegar la revolución a estos centros, que Ministros como Tareck El Aissami, es tan responsable como Henry Falcón, porque no hizo llegar la revolución a los centros, con esta afirmación la propia Ministra hace creer que lo que expuso el Ministro para las Relaciones Interiores y Justicia en la reciente Evaluación Periódica Universal de Venezuela en materia de derechos humanos de la ONU es una mentira, ya que hasta ahora no había llegado la revolución a las cárceles según la propia Ministra, es hasta ahora que se comienza a atender los derechos humanos de la población privada de libertad, es hasta ahora que se comienza a realizar algún esfuerzo para mejorar las cosas. Pareciera que existe una competencia dentro de los mismos integrantes del ejecutivo para echarle la culpa a alguien sobre el problema penitenciario, pero algo si es cierto, para la Ministra nada de lo que se hizo antes es bueno; las administraciones anteriores fueron las corruptas y quienes permitieron la evolución prospera de las mafias, es decir, para ella sus compañeros ministros y directivos del PSUV que administraron el sistema penitenciario no hicieron llegar la revolución al mismo; pero si es así ¿Por qué no asistió la Ministra a exponer este punto en la evaluación periódica universal de la ONU?, ¿Por qué lo hizo Tareck El Aissami si este no había hecho llegar avances a los penales?, dejamos esas interrogantes al aire ya que, son difíciles de responder.
Asimismo, la Ministra asevero que existe total normalidad en casi todos los penales del país, y que no existe ninguna crisis carcelaria como la quieren hacer ver los medios, afirmación esta que fue bastante aludida en twitter por muchas personas adeptas o no al proceso revolucionario, pero quizás esto no es tan falso y la Ministra tiene razón; definamos en primer lugar el termino crisis como el cambio brusco o modificación importante en el desarrollo de algún suceso; si definimos el termino en el ámbito social, crisis es un proceso de cambios que amenazan una estructura y que generan incertidumbre ya que, no pude determinarse sus consecuencias. Tomando esta definición es cierto, no existe crisis en el sistema carcelario y hay normalidad, ya que, en nuestro sistema penitenciario situación de normalidad es la presencia de armas en las cárceles, el comercio de la droga, el manejo de grandes sumas de dinero por parte de las mafias internas; es normal que sean los internos quienes controlen los penales, es normal que existan muertes por armas de fuego en los penales. Claro que es cierto no hay crisis carcelaria, porque desde hace mas de 10 años que la situación que hoy está haciéndose conocer existe, por ejemplo cuando los pranes de la Mínima exigen una discoteca es porque ya estas existen en otros penales como La PGV, Tocoron, La Planta, Sabaneta; piden cantinas porque en todos los penales existen cantinas que controlan los internos y en donde la misma Ministra ha consumido productos elaborados por estos, y tan asombrada que manifiesta esto como una situación interesante, cuando debe ser el Estado quien controle y suministre la alimentación de la población privada de libertad.
Para finalizar cuando la Ministra asegura que en el Dorado si funciona el régimen, cabe preguntarse si la ministra conoce bien al director de ese penal, si no es así por esta vía le hacemos un breve recordatorio; Francisco Marcano fue subdirector y luego director del Centro Penitenciario de Aragua por más de cuatro años, hasta el mes de octubre del año 2010 cuando se registra un motín donde hubo 16 internos muertos y donde se encontraron un arsenal similar al encontrado en los dos Rodeos recientemente, se sacaron más de 5.000 cajas de cerveza solamente además de municiones y drogas, eso sí, ahí sí que no se encontró nada de dinero que paso no se sabe, solo se pudo recoger información sobre la presunta complicidad de Francisco Marcano en este motín por el control del penal, esta situación aun esta en investigaciones por parte de la fiscalía, pero como dijo nuestra Ministra, Excelente el trabajo en este penal, ¿se estarán atacando en verdad las mafias carcelarias?.
Luego de la creación del nuevo Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se ha hablado insistentemente en una nueva transformación del sistema penitenciario, al punto que el eslogan de este nuevo ministerio es “Hacia la Mujer y el Hombre Nuevo”, ahora bien cuando estas nuevas autoridades hacen este planteamiento que ahora es que comienza la transformación del sistema penitenciario venezolano, nos preguntamos ¿que fue entonces ese decreto presidencial de emergencia carcelaria del año 2004, aun vigente por cierto para aquellos asesores de la ministra especialistas en derecho que no lo saben?; muy bien nosotros mismos responderemos esa pregunta, este decreto surge ante los continuos hechos de violencias en las cárceles y ante la preocupación del ejecutivo nacional y el entonces Ministro de Interior y Justicia Jesse Chacon, ante las recomendaciones del Ministro el presidente emite este decreto de emergencia carcelaria y comienza un proceso de verdadera transformación del sistema penitenciario, proceso que por la magnitud del problema comenzó con uno de los pocos diagnósticos integrales del sistema, realizado por una comisión conjunta de profesionales cubanos y venezolanos especialistas en la materia, en donde se estudio detalladamente cada centro penitenciario, cada unidad técnica, cada centro de residencia supervisada; este diagnostico arrojo la caracterización socio demográfica de toda la población penal, caracterización jurídica y laboral. Fue el primer paso de este proceso, posteriormente surge el proyecto de humanización con el fin exclusivo de lograr una cambio radical dentro del sistema y centrado en tres puntos cardinales, la transformación organizacional, capacitación y selección de personal tanto de seguridad como técnico y profesional, y la parte de infraestructura física.
Este proyecto planteaba la construcción de 13 comunidades penitenciarias y 19 centros de residencia supervisada, además de una nueva sede para el servicio de prisiones y la rehabilitación física de establecimientos viejos. Este proceso comienza a ver resultados con retraso en el año 2007 cuando se reinaugura el Centro Penitenciario de Carabobo, el cual hace unos años se conoció como la máxima de Carabobo y a partir de este año se conoce como la Mínima, este centro fue nuevamente puesto en funcionamiento con los nuevos criterios de tratamiento de los reclusos, basados en una agrupación para los procesados y clasificación para los penados, con instalaciones educativas y de trabajo, con una capacidad operativa para 270 internos. Posteriormente se pone en funcionamiento la Comunidad Penitenciaria de Coro (una de las 13 proyectadas) con una capacidad para 800 internos, en el año 2009 se pone en funcionamiento el Centro Penitenciario Yare III, con una capacidad para 300 internos, en el año 2010 se pone en funcionamiento del Centro Agro productivo de Barcelona, con una capacidad para 300 internos; quedando pautados y casi listos para su puesta en funcionamiento el Centro Penitenciario Rodeo III para 500 internos y el Centro Penitenciario Yare II con una capacidad de 200 internos. Pero este proyecto no abarco solamente estos avances en la parte estructural sino también en la parte organizacional, se realizo una nueva estructura y descripción de cargos para los funcionarios tanto de seguridad como de custodia, se realizaron los manuales de normas y procedimientos para la clasificación, agrupación y evaluación de procesados y penados, manuales de normas y procedimientos de seguridad y custodia.
Ahora bien al asumir el cargo la ciudadana Ministra Iris Varela, comienza a desechar todos estos avances, lo que nos pone a pensar que todos sus camaradas estaban equivocados o iban por el camino errado, como se dijo en un post anterior, se desecharon todas estas investigaciones y manuales incluso hasta los profesionales que venían laborando en esta área de investigación, para comenzar de nuevo este proceso, comenzando de nuevo un censo jurídico a la población cuando era más recomendable comenzar una actualización, ya que el censo se había realizado hace solo algunos meses atrás. Igualmente los centros que recién estaban puestos en funcionamiento y eran centros pilotos de los nuevos procesos comenzaron a presentar los mismo conflictos que las cárceles viejas, por ejemplo una huelga de hambre en la Comunidad Penitenciaria de Coro, dos muertos por armas de fuego en Yare II, reyertas en el Centro Agro productivo de Barcelona, y lo mas reciente una toma de las instalaciones del penal y secuestro de funcionarios en la Mínima de Carabobo.
Cuando se hace acotación a estos hechos, no se hace con la intención de atacar la gestión de la ministra, como la ha manifestado en su cuenta de twitter donde incluso llego a llamar prostituta a una supuesta funcionaria de algún penal; la intención es hacerle ver a la ministra que no es una estrategia acertada desechar todo lo que sus mismos camaradas revolucionarios han adelantado, es por eso que nos preguntamos cuál puede ser el doble discurso, porque por un lado la ministra dice que no hablara con las mafias, pero por otro lado cuando visita los penales se reúne con los voceros de los pranes o incluso con ellos mismo, como paso en el caso de La Pica, en Maturín, donde ella hablo con un líder conocido como “El Tyson” , quien es el pran de una de las aéreas de ese penal, manifestando incluso su asombro por la forma en que se lleva el régimen en ese penal, claro esta no por parte del penal sino de los internos. Otra prueba de esto es su reciente visita en La Planta y donde se reunió con los voceros de cada uno de los pabellones, quienes forman parte de estas mafias, e incluso con una vocera de los familiares que está implicada y forma parte fundamental del ingreso de materiales prohibidos como lo es Maryolet de Santiago, y se comenzó con las evaluaciones, y el día de ayer, en lo que la rutina carcelaria se llama cambio de gobierno o de carro, hubo dos muertos en el pabellón 1.
Entonces señora Ministra creemos que debe estar muy pendiente y antes de visitar cada penal saber quiénes son los Pranes, porque se entendería como un doble discurso decir no hablo con mafias, pero si se reúne con ellos en los penales, opinamos que su visita debe ser después de haber intervenido un penal y haberlo desarmado para así poder lograr el verdadero compromiso de los internos, como se dijo anteriormente los pranes no responden a intereses políticos, sino a sus propios intereses y por experiencia de años anteriores, se sabe que estos pocos internos que controlan cada cárcel no entregaran las armas de forma pacífica y habría que preguntarse si hasta la misma población general estaría dispuesta a perder los poco privilegios que tienen detrás de los muros, como los celulares, las visitas sin control, el ingreso de comida y otras cosas; porque cuando Ud. empiece a garantizarle los servicios mínimos, la educación y condiciones optimas de reclusión, y estamos seguros que si los garantizara, ya no será necesario que la familia les traiga comida, no tendrán celulares, deberán cumplir un régimen interno, cuando Ud. haga eso porque es el deber ser, ya la población reclusa comenzara a manifestar resistencia.
Para concluir esperamos que la Ministra vea estas palabras que vienen de un grupo de funcionarios no como guarimbas, ni como un ataque a su gestión, sino como críticas constructivas para mejorar y que el nacimiento de esta gran Ministerio sea el más adecuado, sabemos mejor que nadie que es difícil, pero no se sienta atacada como nos sentimos nosotros ante los atropellos de personas bajo su cargo, que no saben aceptar criticas o recomendaciones, recuerde el lema de esta revolución bonita, el poder del pueblo y para el pueblo, y en este caso el pueblo es la población privada de libertad y los funcionarios, no sus directores generales.
A propósito de las declaraciones de la Ministra Iris Varela en el programa José Vicente Hoy, donde dijo que quienes la critican no saben de cárceles, el post de hoy está dirigido a demostrarle que tanto podemos llegar a saber quienes hoy trabajamos dentro de los penales y quienes somos menospreciados y relegados en el proceso de transformación del sistema penitenciario ordenado por nuestro presidente.
Las prisiones en Venezuela poseen una imagen negativa, imagen que las han convertido en centros de penalización en la que los individuos trasgresores de la norma purgan su culpa (y hasta sus pecados) a través del cumplimiento de una pena formal y la adaptación a un mundo particular que es la esencia de la vida en prisión. Esta imagen negativa, está sustentada en hechos que suceden dentro de sus espacios y sobre los cuales se construye la visión social de la situación penitenciaria del país. Las prisiones en Venezuela no son un escenario fácil de abordar para ejecutar el trabajo rehabilitador y resocializador que se establece en la Constitución Nacional como principio rector del Sistema Penitenciario.
Ahora bien tratemos de explicar la violencia carcelaria relacionándola con las condiciones estructurales y administrativas del sistema penitenciario, siendo las variables más clásicas el hacinamiento carcelario, la corrupción de los funcionarios, la ausencia de clasificación de los reclusos, entre otras, tal y como lo ha manifestado nuestra Ministra Iris Varela. Estas explicaciones, complejas y muy útiles que han manifestado las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario para la identificación del problema, dejan de lado a la sociedad carcelaria como tal, no entendida ésta como organización administrativa, sino vista como un cúmulo de personas organizadas bajos parámetros normativos, morales, formales e informales; que condicionan la interacción dentro de la prisión.
Entonces, podría pensarse que además de atacar las mafias y funcionarios corruptos, es en el mundo o sociedad típica de los internos donde debería empezar a buscarse la explicación para las situaciones de violencia que se gestan en las cárceles del país. Los internos dentro de la prisión crean una subcultura que dirige y regula sus vidas en tres aspectos determinados: la relación entre ellos mismos, con los funcionarios del Ministerio y con las personas extramuros (visitas). Esta dirección y regulación están reglamentadas por un código específico y exclusivo de los internos, cuyo composición radica en tres principios básicos: estructura de poder, normativa y empleo de violencia; principios que son absorbidos en su totalidad por los internos y que ellos mismos le llama “la rutina”. Vistas así las cosas, se hace necesario el estudio particular y detallado de la organización informal, tanto de las cárceles como de los privados de libertad, y la relación que esta última puede tener con la violencia intracarcelaria. La hipótesis que se plantea es que la violencia en las prisiones está relacionada con la organización particular de los reclusos en cada establecimiento penitenciario, en el sentido que las reglas y valores particulares de esta organización informal regulan la violencia y determinan los niveles en que esta violencia es exteriorizada como consecuencia de algún conflicto entre grupos o internos en particular.
Considerando lo anterior, existe una subcultura carcelaria, pero vamos a definir este concepto para entender bien nuestro planteamiento; una subcultura viene a ser un conjunto de conductas, creencias y/o valores particulares a un grupo de personas específico, que están articuladas como reglas y acciones legítimas entre estas personas y que difieren en cierta medida de las que posee la cultura en general. Siendo las subculturas grupos específicos con patrones normativos o valores diferentes a los de la cultura dominante, éstos tienen mayor facilidad para su surgimiento en instituciones o grupos cerrados con cierta tendencia totalizante y absorbente de diversos aspectos de la vida de los individuos; instituciones como la policía, la religión, familias, prisión, entre otras.
En las cárceles venezolanas, siendo una institución con una completa tendencia totalizadora y absorbente de todos los aspectos de la vida personal y social de los individuos recluidos, coexisten varios grupos, a saber: uno organizacional o administrativo propiamente, otro de vigilantes y el de los internos. De manera tal, la subcultura en la prisión puede considerarse o estar manifestada en estos tres aspectos particulares: el primero como organización; el segundo, la correspondiente a los vigilantes; y el tercero, a los internos.
En el caso venezolano la subcultura del interno está compuesta por tres aspectos: estructura de poder, normativa y empleo de violencia, se tiene entonces, que el mundo subcultural típico de los internos en las prisiones del país, tiende a organizarse en una estructura jerárquica rígida, encabezada por un líder, comúnmente denominado “pran”, quien posee un séquito de individuos de menor jerarquía con roles perfectamente definidos. Seguido del “pran” se encuentra un “segundo al mando” y entre éstos un interno denominado “parquero”; luego se hallan los “perros” y “luceros” de los líderes; llegando así hasta la población general de los internos, quienes conviven en una situación hipotética de homogeneidad entre sí. Finalmente, en el nivel más bajo de la estructura de poder de la prisión, se encuentran los desadaptados al mundo, normas y valores de los prisioneros; son estos los excluidos de los pabellones.
Por su parte, la normativa como elemento de la subcultura del prisionero, constituye el factor de mayor preponderancia de la misma, pues engloba y define los otros dos factores. Básicamente la normativa que rige la vida de los prisioneros, constituyen preceptos tomados en cuenta para asegurar la supervivencia del total de los internos o, al menos, de los que detentan el poder entre estos. La normativa en las prisiones, establece, por un lado, los parámetros que definen las maneras de actuar de los internos y; por el otro lado, representan símbolos específicos que guardan un alto significado de respeto para los reclusos. Así, por ejemplo, la normativa entre los prisioneros establece parámetros como “no dejarse morir en prisión”, “todo lo prometido es deuda”, “aquí la palabra es documento” o “cualquier acto es válido si necesito hacerme respetar”, constituyendo maneras de comportarse ante situaciones distintas; mientras que el respeto a la comida, la visita, las deudas, entre otros; son factores que se configuran como símbolos de máxima veneración para los internos, y su ultraje representa una conducta inmoral y sancionable de diversas formas, que van desde la expulsión del pabellón, hasta la muerte. Finalmente, el empleo de la violencia como parte de la subcultura de los internos, constituye un elemento derivado de la normativa que se establece en la sociedad de los internos. En este orden de ideas, el empleo de la violencia se presenta como un factor dual: por un lado, como una conducta subcultural que debe asumirse para conseguir en cierto grado la subsistencia; y por otro lado, como una herramienta para el control social informal entre los reclusos. Unido a lo anterior, cualquier interno está legitimado a actuar de manera violenta, cuando sus intereses se ven afectados por la conducta de algún otro recluso; del mismo modo sucede cuando la conducta de un interno perjudica a la totalidad de la población reclusa, conducta que es sancionada con el empleo de castigos con una fuerte carga de violencia.
Para concluir señora ministra, esperamos que este breve esbozo le sirva a Ud. y sus asesores para el diseño de políticas y estrategias que le ayuden a evitar sucesos como los secuestros de funcionarios en Mérida y la Mínima de Carabobo; o que le ayuden a entender el porqué el penal de la pica esta tan limpio cosa que le pareció interesante, esperamos le haya parecido también interesante el sistema de circuito cerrado que poseen los pranes de ese penal para el efectivo control de la población reclusa.
Recientemente la Ministra Iris Varela anuncio una estrategia radical y efectiva para el deshacinamiento en las cárceles, el primer paso realizar un censo jurídico para conocer el estatus real de cada una de las causas jurídicas de la población privada de libertad y el segundo, a su vez simultaneo, agilizar dichas causas para lograr la mayor cantidad de libertades posibles. Esta iniciativa es una muy buena propuesta, el problema viene cuando esta estrategia se tergiversa y se toman acciones llevadas a los extremos obviando los estándares profesionales, para entender esto vamos a hacer algunas aclaratorias ya que, quizás no todo el mundo tiene una clara visión del tema. Actualmente existe aproximadamente cerca de 50.000 personas recluidas en los 34 establecimientos penitenciarios dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, además de cerca de 20.000 privados de libertad que están en las distintas comisarias policiales a nivel nacional, de esta cifra solo el 80% esta penada y el resto procesada; estaríamos hablando que, en los 34 establecimientos dependientes del MPPSP hay un promedio de 12.000 penados, es decir con sentencia definitivamente firme y con posibilidad de optar a un beneficio, ya que la ley especifica beneficios como el Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto, Libertad Condicional, confinamiento y Suspensión Condicional de Ejecución de la Pena. Para optar a esos beneficios el penado debe haber cumplido una parte de la pena y un informe técnico con pronóstico favorable realizado por un criminólogo, trabajador social y psicólogo, dicho informe debe ser realizado por el MPPSP.
Este informe ha sido desde hace años fuente de actos de corrupción por parte de profesionales inescrupulosos que han cobrado para cambiar los resultados en los mismos; ante esta situación la Ministra ordena se realizaran las gestiones pertinentes para acabar con estos cobros, cosa que se le aplaude ya que era justo que se diera esa orden, el problema viene cuando los asesores de Iris Varela le plantean la grandiosa idea que además del censo se evalué a todo la población privada de libertad este o no penada, este o no optando a un beneficio; y no conforme con eso el señor José Gregorio Torres ordena a nivel nacional que se hagan dichas evaluación y lo peor del caso, que se coloquen los pronósticos favorables sin aplicar las pruebas pertinentes y con una entrevista de tan solo diez minutos.
Para entender bien la situación debemos conocer las pruebas que se deben aplicar para realizar estos pronósticos, se debe aplicar por lo menos dos pruebas psicológicas: el teste de Bender, que mide la madurez gestáltica viso motora, da rasgos de personalidad y pronósticos de alteraciones neurológicas; y la figura humana bajo la lluvia mide rasgos de personalidad agresivos, depresión, mecanismos de defensa, formas de afrontamiento a situaciones extremas. Se debe aplicar una entrevista al apoyo familiar y un diagnostico criminológico, pero actualmente la Ministra ordena obviar estas pruebas y en una reunión realizada hace unas semanas en la sede de el Rosal con los jefes de Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación se les informo que la meta del ministerio es sacar de acá al mes de diciembre 550 hombres por penal, es decir estaríamos hablando de un total de 18.700 privados de libertad que saldrían a la calle sin una prueba que garantice que están aptos para volver a la sociedad, esto además, sin tomar en cuenta que no se contaría con el personal para la supervisión de los mismo; en otras palabras estaríamos repitiendo la historia del año 1999 cuando entro en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, que en tan solo dos meses salieron a la calle 4000 internos que reincidieron de forma inmediata en su mayoría.
La lógica de estas acciones, según quienes las ordenaron, es que así se acaba el negocio de las evaluaciones ya que si todos saldrán favorables para que pagar, mas sin embargo quienes están aplicando dichas evaluaciones son los mismos profesionales que, según los asesores de la ministra son quienes cobraran, ¿acaso no sería mejor aplicar una efectiva supervisión e investigación como lo ordeno nuestro presidente? Ahora bien surge la interrogante ¿acaso estos eruditos en materia penitenciaria habrán pensado en que, así están bajo un beneficio la persona debe ser supervisada?, ¿habrán pensado que sin supervisión estas personas reincidirán?, ¿estarán estas acciones coordinadas con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia?, ¿habrán pensado en cómo influye estas acciones en la percepción de inseguridad de la sociedad en general? Difícil contestar todas estas interrogantes pero lo que es cierto es que este ministerio no cuenta aún con el personal ni la infraestructura para generar esta supervisión, por lo que, lejos de beneficiar a la población privada de libertad se puede perjudicar, ya que, la persona corre el riesgo al no tener una orientación de que se le revoque el beneficio y volverá a la cárcel pero esta vez sin poder legalmente a optar a otro beneficio. Pero no solo tenemos este problema, también está la cuestión de todos los privados de libertad que están en las comisarías policiales, los mismos deberían pasar a los recintos dependientes del MPPSP, por lo tanto se mantendría la cifra de población, esto contando que las personas que salgan no reincidan nuevamente.
Estamos seguros que las intenciones de la ministra es trabajar a favor de la población privada de libertad, pero hay que recordar el porqué surgen las cárceles en el mundo, y si bien es cierto que una cárcel no rehabilita, también es cierto que estas personas han transgredido el ordenamiento jurídico venezolano y deben cumplir un proceso de reinserción, acatando lo que dice nuestra carta magna. Asimismo el precepto fundamental de la gestión de la ministra ha sido el respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad, pero surge la pregunta ¿Dónde están los derechos humanos de los 56 funcionarios de la Mínima de Carabobo que están secuestrados?, y que se puede decir de las acciones que está llevando el recién nombrado Director General de Control de Procesados y Procesadas de este ministerio Yair Muñoz en la cárcel de Mérida, donde ordeno no pasarle alimentos a los internos que están en el área de máxima, según denuncias de los mismos familiares; ministra volvemos a repetirlo no somo guarimberos, estamos con el proceso y las mafias están más cerca de su entorno de lo que Ud. cree.
En los últimos meses ha estado muy de moda el tema de las mafias carcelarias en Venezuela, pero no es tema de corta data, estas mafias existen desde hace mas de 30 años, el sistema penitenciario venezolano ha ido en declive con el pasar de los gobiernos, tanto de la cuarta como de la quinta república; hagamos un poco de memoria: aquella masacre en 1994 en la Cárcel Nacional de Maracaibo, en Sabaneta donde murieron 108 internos en un motín por el control del penal o la masacre de La Planta en 1996 donde murieron calcinados 19 internos a manos de la Guardia Nacional; estos dos episodios muy nombrados por las autoridades a razón de la crisis del rodeo en el mes de junio del presente año, por ser de la cuarta república, pero cabe nombrar también las masacres de la quinta que no fueron mencionadas por las autoridades, masacres como la de la cárcel Uribana en enero del 2007 con un saldo de 16 muertos, la de la cárcel de Santa Ana en diciembre del 2007 con un saldo de 18 muertos, la masacre de Vista Hermosa en el año 2008 con un saldo de 9 muertos, por cierto a manos de Wilmer Brizuela alias “Wilmito”, la masacre de la cárcel de Tocoron en el año 2010 con un saldo de 16 muertos; esto solo para recordar que este problema no es reciente y que estas mafias carcelarias han evolucionado de manera muy prospera en los últimos diez años. Las causas muchas que ya han sido nombradas y enumeradas de manera constante, lo que sí es cierto es que estas mafias no responden a intereses políticos, si se revisan las estadísticas electorales, en los recintos penitenciarios el chavismo tiene una aceptación de un 80%, sin embargo la rutina carcelaria solo responde a sus propios códigos y reglas, esto ayudado y con el apoyo de autoridades militares de la custodia externa, autoridades y directivos civiles de la custodia interna y por supuesto delincuencia organizada en la calle.
Si bien es cierto que la Ministra Iris Varela está haciendo grandes esfuerzos para acabar con la corrupción entre el personal de las cárceles, también es cierto que quizás esas mafias estén más cerca de su entorno de lo que cree; mencionemos por ejemplo el cerrado circulo de los directores de cárcel. La cabeza administrativa de todo recinto carcelario es el director del establecimiento penitenciario, es este quien debería supervisar todo lo concerniente al régimen y seguridad interna de la cárcel, pero ¿Quiénes son actualmente estos directores?, ¿Qué cambios ha hecho la Ministra en esta área neurálgica? Respondamos a la primera interrogante, actualmente los directores son un cerrado circulo que ha estado ejerciendo estos cargos durante años, rotándose por cada centro a discrecionalidad del director de prisiones de turno; que a su vez viene de este círculo cerrado, la razón de esto es porque muy pocos se atreven a asumir estos cargos en los penales por la situación que se vive día a día; por ejemplo el caso de la Mínima de Carabobo, en el tapete por el reciente secuestro de funcionarios, el recién removido director de este centro Alejandro Valero venia de ser director del Rodeo II hasta el mes de septiembre del año 2010; el mismo es cambiado de este penal por irregularidades y colocado en la Mínima luego de la fuga de uno de los lideres de “Los Invisibles” en agosto de ese mismo año, en su lugar se coloca a Luis Camejo, quien viene de ser director de la cárcel de Barinas, El Dorado, Vista Hermosa, El destacamento de trabajo Elena Aray, cárcel de Apure y fue director de Seguridad y Custodia en el año 2005. Hacemos acotación a estos datos a razón de lo que dice nuestra Ministra de que todos los funcionarios de vieja data son corruptos y están viciados, si esto es así, cabe preguntarse ¿Por qué la Ministra sigue la política de enrosque de los directores corrompidos?; una interrogante difícil de contestar, ya que es sabido el apoyo que tiene Iris Varela en muchos camaradas revolucionarios como manifestó el grupo de abogados del Táchira en su cuenta de Twitter, manifestándole su apoyo y disposición para apoyar en el sistema, ¿acaso no es esta una buena propuesta para reclutar directores?.
A todas estas estimada Ministra el primer paso para acabar con la corrupción es atacar las cabezas, es decir comenzar por los directores generales, de línea y de establecimientos penitenciarios, la solución no es atacar al personal de base ni jugar con la vida de funcionarios, investigue e impute, y es muy cierto lo que Ud. dice hay quienes quieran sabotear pero no en los penales están más cerca de su entorno de lo que Ud. cree, como es el caso de un abogado funcionario de carrera y antiguo director de consultoría jurídica de la extinta Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y conocido militante de partidos de oposición en el municipio Baruta y cercano colaborador de la antigua directora general y Alcaldía de Baruta, no se deje engañar Ministra.
El pasado 25 de julio fue designada la Diputada Iris Varela; como titular del recién creado Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, ministerio este que surge como resultado de una serie de acontecimientos que sucumbieron los mismos cimientos del proceso revolucionario, un secuestro de funcionarios en el Rodeo II y en el Internado Judicial de La Planta, la masacre de 19 internos en el Rodeo I por el control del penal y la infructuosa toma de los recintos penitenciarios de Rodeo I y Rodeo II, que dejaron como resultado tres GN nacionales muertos y más de 20 heridos, además de varios internos muertos y heridos, pero lo más grave un sitio de más de 27 días a 1200 internos liderizados por “el Oriente” y “ El Yoifre”. Hasta ese momento Venezuela no conocía las palabras “pranes”, “el Carro”, “la causa”; el país vio como estaban armados un población que se supone esta bajo el control del Estado, armas de guerra, recursos mil millonarios, drogas, y de paso la insólita fuga de más de 70 internos, con armas, droga y más de 1.700.000 bsf, ante la mirada atónita de más de 3500 efectivos militares.
Esta serie de acontecimientos culminaron en la creación de esta nueva cartera ministerial y la posterior designación como titular de la misma de Iris Varela, abogada de la república, revolucionaria comprometida con el proceso, conocida más que por sus acciones, por su carácter temperamental que le merecieron el apodo de “la Fosforito”. Al principio esta noticia fue bien recibida tanto por los funcionarios de la extinta Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios como por la población penal, con las típicas promesas de cambios profundos, mejoras en el sistema, desarme de la población penal y erradicación del retardo procesal.
A casi tres meses de la designación de la Ministra, existe un ambiente de incertidumbre entre el personal, las primeras acciones de ella fueron el desalojo del personal del Consejo Superior Penitenciario, ente que se encargaba de la investigación y desarrollo técnico del proyecto de humanización penitenciaria, que si bien es cierto ha sido un fracaso, también es cierto que se habían logrado ciertos avances. Pero no solo se desalojo el personal sino que se desecharon las investigaciones realizadas, que tuvieron un costo para el Estado, se desecharon los manuales de clasificación y agrupación de penados y procesados, el sistema del sigep, la caracterización de la población penal a nivel nacional, por mencionar solo algunas, pero la interrogante es ¿acaso estas investigaciones no fueron realizadas por el mismo proceso revolucionario?, porque estas fueron realizadas por funcionarios bajo las ordenes de Tareck El Aissami, criminólogo y especialista en la materia penitenciaria, revolucionario y tan comprometido con el proceso como Iris Varela. Actualmente la realidad sigue siendo la misma pero con otros ingredientes, según la ministra en su cuenta de Twitter, la conflictividad en las cárceles ha disminuido, pero ya van más de 40 muertos y casi el doble de heridos desde que comenzó su gestión, no se ha desarmado ninguna cárcel, al contrario cárceles que eran modelo ahora son conflictivas como la Comunidad Penitenciaria de Coro y la Mínima de Carabobo, secuestro de familiares y funcionarios. Iris ha tratado de contrarrestar esto con la promesa de libertades a la población penal, como si ella controlara al poder judicial, ha ordenado que se evalúe y se apruebe a todos los internos, así no estén aptos para volver a la sociedad, ya que, según la Ministra con esa acaba el negocio en la evaluaciones, algo en su lógica aceptable solo para ella, si todos saldrán aprobados nadie pagara. Pero ¿que pasara cuando estos internos que saldrán violen sus beneficios y vuelvan a la cárcel?, la solución se volverá en contra de la ministra porque ya no podrán optar a otro beneficio y deberán cumplir su pena completa, hacinando aun mas los recintos penitenciarios. Pero no solo eso, para la administración de Iris Varela, todos los funcionarios que trabajan antes de su designación son corruptos, estamos hablando de por lo menos 5000 funcionarios solo los contratados, funcionarios estos, que son adeptos al proceso. El nuevo Ministerio no está en disposición de seguir la relación laboral con estos funcionarios ¿Qué pasara con estos 5000 padres y madres de familia revolucionarios?, ¿acaso el presidente estará en cuenta de esta situación?
